Doble tragedia en Ruta 22: un Axel Araneda, el conductor ebrio y con antecedentes vuelve a exponer el colapso del sistema judicial

La Ruta 22 volvió a ser escenario de una tragedia evitable. Liliana Cocuzza y su hija Carina Gutiérrez perdieron la vida luego de ser embestidas por una camioneta Volkswagen Amarok V6 conducida por Axel Araneda, quien manejaba en estado de ebriedad, con un alto nivel de alcohol en sangre, y pese a encontrarse en libertad condicional por antecedentes vinculados al narcotráfico. La violencia y el impacto dejaron casi nula capacidad de maniobra para las víctimas, quienes murieron en el acto.

El caso generó una fuerte conmoción social no sólo por la brutalidad del hecho, sino por el prontuario del responsable. Araneda registraba dos delitos previos y se encontraba bajo un régimen de libertad condicional que, lejos de actuar como una instancia de control, terminó convirtiéndose en una puerta abierta a la impunidad. El episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad del Poder Judicial y su rol en la prevención de hechos que, como este, podrían haberse evitado con decisiones más estrictas.

La cadena de fallas institucionales vuelve a exhibirse con crudeza. La libertad condicional otorgada a un reincidente con antecedentes por narcotráfico y conductas violentas no sólo expone un juicio errático, sino también un sistema que parece incapaz de evaluar adecuadamente el riesgo social de sus beneficiarios. La falta de controles, el seguimiento casi inexistente y la desconexión entre las decisiones judiciales y la realidad cotidiana de las calles se combinan en un cóctel que termina pagando la ciudadanía.

A ello se suma otro elemento que no pasa inadvertido: la camioneta Amarok V6, vehículo que se ha convertido en un símbolo recurrente en casos de violencia vial. Su potencia, sumada a la percepción de superioridad e impunidad que suele acompañar a ciertos conductores, crea un escenario de riesgo permanente. No es casual que este modelo aparezca con frecuencia en siniestros protagonizados por personas que conducen a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o con antecedentes delictivos. La combinación entre imprudencia, poder vehicular y falta de controles contribuye a multiplicar tragedias como la de Liliana y Carina.

La sociedad vuelve a interpelar al Estado, a la Justicia y a todo el ecosistema institucional que debería actuar antes de que un asesino al volante convierta una ruta en un cementerio. Las preguntas se repiten: ¿cómo es posible que un individuo con antecedentes graves y en libertad condicional pueda circular sin restricciones? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué la reincidencia sigue sin ser un factor excluyente a la hora de otorgar beneficios judiciales? ¿Cuántas familias más deberán atravesar el dolor irreparable para que el sistema reaccione?

Mientras la investigación avanza y Araneda enfrenta nuevas imputaciones, la comunidad exige respuestas concretas y un cambio estructural. La muerte de Liliana Cocuzza y Carina Gutiérrez no puede ser un número más en la estadística de tragedias viales: es un llamado urgente a revisar cómo se otorgan libertades, cómo se controla su cumplimiento y cómo se enfrentan los delitos que derivan en homicidios al volante. Sin voluntad política, sin una Justicia más responsable y sin controles efectivos, las rutas seguirán siendo territorio fértil para criminales que manejan con la certeza de que nada los detendrá hasta que ya sea demasiado tarde.