Publicidades falsas en Instagram: la trampa de las “promociones YPF” y el rol de la corrupción judicial

En las últimas semanas se ha detectado un aumento de publicidades falsas en Instagram, particularmente bajo el nombre de “YPF Promociones”, donde se promete al usuario premios o descuentos exclusivos en combustibles. Al hacer clic, la víctima es redirigida a un número de WhatsApp, desde el cual un supuesto agente de la empresa busca obtener datos personales y financieros.

Lo que parece una simple estafa digital esconde un problema más profundo: la mayoría de estos números de contacto provienen de cárceles argentinas, donde reclusos operan con celulares que ingresan de manera ilegal o con la complicidad de autoridades.

El circuito de la estafa

1. Publicidad paga en Instagram: los estafadores aprovechan la falta de filtros en la plataforma para anunciar “promociones oficiales” de marcas reconocidas.
2. Desvío a WhatsApp: la víctima recibe mensajes que simulan ser de la empresa, con logos, lenguaje corporativo y supuestas bases de datos.
3. Captura de datos: solicitan información bancaria, números de tarjeta o transferencias bajo pretextos como “pagar un envío” o “activar un premio” a través de una llamada de video de la cual piden que la víctima comparta pantalla.

Las cárceles como call centers del delito

El dato más alarmante es que estos engaños se organizan desde penitenciarías argentinas, donde los presos manejan teléfonos móviles y conexiones a internet con total impunidad. No se trata de casos aislados: distintas investigaciones periodísticas y judiciales han confirmado que las estafas virtuales son hoy una de las principales fuentes de ingresos ilegales en las prisiones.

Justicia cuestionada

El problema se agrava por la falta de controles efectivos y por la complicidad judicial. Jueces y funcionarios del sistema penitenciario han sido señalados por permitir el ingreso y uso de celulares, pese a que estos dispositivos deberían estar prohibidos. Este vacío de control convierte a las cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales, mientras las víctimas quedan desprotegidas.

Falta de respuesta de las plataformas

A la permisividad local se suma la responsabilidad de Meta, empresa dueña de Instagram y WhatsApp, que continúa monetizando anuncios engañosos sin auditar seriamente su contenido. La red social se convierte así en un socio indirecto del fraude, priorizando ingresos publicitarios por encima de la seguridad de los usuarios.

Un problema estructural

Lo que comienza como una estafa digital puntual revela un problema estructural de la Argentina:

• Cárceles permeables al delito.
• Jueces cuestionados por corrupción y falta de controles.
• Plataformas tecnológicas que lucran con anuncios falsos.

Mientras tanto, miles de usuarios caen a diario en estas trampas digitales, sin que el Estado ni las empresas involucradas tomen medidas eficaces.