Narcotráfico, política e impunidad en la Provincia de Buenos Aires que dejó el Kirchnerismo

La trágica muerte de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), a manos de una banda de narcotraficantes peruanos en la Provincia de Buenos Aires, expone con crudeza la podredumbre de un sistema político que, durante dos décadas de hegemonía kirchnerista, ha tejido lazos invisibles pero sólidos entre el poder político, el narcotráfico y sectores de la justicia. El asesinato, precedido de torturas que incluso fueron filmadas por los agresores, no es un hecho aislado, sino un reflejo de una estructura enquistada en la vida social y política argentina.

Durante más de veinte años, el kirchnerismo construyó un poder territorial en el Conurbano Bonaerense basado en una lógica clientelar: recursos públicos distribuidos a discreción, organizaciones sociales cooptadas y, cada vez más, la tolerancia o complicidad con las economías ilegales que florecían en los barrios más vulnerables. El narcotráfico, lejos de ser combatido, fue dejando de ser visto como un problema externo para convertirse en un engranaje funcional al sostenimiento de ese poder. La connivencia policial, la falta de condenas ejemplares y una justicia permeada por la presión política garantizan la impunidad de estas bandas.

El caso de las tres jóvenes asesinadas ilustra cómo el narcotráfico no se limita a un negocio marginal, sino que se inserta en el entramado político y social: barrios controlados por narcos, jueces que miran hacia otro lado, y dirigentes políticos que encuentran en estas organizaciones un aliado en la dominación territorial. A esto se suma una política migratoria laxa que, bajo el discurso de la inclusión, se ha transformado en permisividad: inmigrantes ilegales con causas penales pendientes permanecen en el país, porque la ideología kirchnerista rechaza cualquier medida de deportación que pueda interpretarse como “represiva”. El resultado es un terreno fértil para que mafias extranjeras encuentren refugio, protección y, en ocasiones, vínculos con sectores de poder.

El macabro crimen de Brenda, Morena y Lara se inscribe en un patrón que ya nadie puede negar: la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en un caldo de cultivo para estas organizaciones criminales. La combinación de pobreza estructural, ausencia del Estado en sus funciones esenciales y un poder político que ha hecho de la impunidad su garantía de supervivencia abre el camino a que bandas narcocriminales controlen territorios y vidas.

Lejos de ser un hecho aislado, el triple asesinato desnuda un drama social: el narcotráfico se ha institucionalizado en la Argentina kirchnerista. Las víctimas son siempre las mismas: jóvenes pobres, sin respaldo, desprotegidas por un sistema que no ofrece seguridad ni justicia. La muerte de Brenda, Morena y Lara no es solo un crimen horrendo; es la consecuencia directa de dos décadas de complicidad política con las mafias, de un Estado que prefirió sostener su poder antes que garantizar la vida de sus ciudadanos.

Triple crimen en Buenos Aires: el narco, el kirchnerismo y la impunidad

El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), torturadas y ejecutadas por narcos peruanos en la Provincia de Buenos Aires, sacude a la Argentina y expone una verdad que muchos prefieren callar: el poder del narcotráfico no se explica sin la complicidad política que lo alimentó durante veinte años de kirchnerismo.

No se trata de un hecho aislado. El macabro crimen —filmado por los propios asesinos, que además eran inmigrantes ilegales nunca deportados— desnuda cómo el narcotráfico encontró en la ideología kirchnerista un escudo perfecto: discursos de “inclusión” para justificar la falta de control migratorio, protección judicial garantizada por operadores políticos y una policía provincial que, en demasiados casos, es parte del negocio.

El Conurbano bonaerense, gobernado durante dos décadas por el mismo signo político, se convirtió en un laboratorio de mafias. Allí, las bandas narco no solo venden drogas: controlan territorios, manejan punteros, financian campañas y aseguran votos. La pobreza estructural y el abandono del Estado hacen el resto. El resultado es un escenario donde los criminales no temen, porque saben que la impunidad está asegurada.

La muerte de Brenda, Morena y Lara no es casual: es la consecuencia directa de un sistema corrupto donde la política y la droga conviven. Donde jueces y fiscales que deberían encarcelar a estas mafias prefieren mirar hacia otro lado. Donde gobernadores, intendentes y dirigentes kirchneristas han usado la presencia del narco como parte de su propio entramado de poder.

Las tres jóvenes asesinadas se suman a una lista interminable de víctimas. Sus muertes reflejan lo que la sociedad argentina padece en silencio: que la Provincia de Buenos Aires, lejos de ser un lugar seguro, se transformó en un territorio liberado para delincuentes y narcos extranjeros, protegidos por la ideología kirchnerista.

El caso es brutal, pero también revelador: cuando la política se financia con dinero sucio, cuando el narcotráfico se mezcla con el poder, cuando la justicia no funciona, el resultado inevitable es la sangre de los inocentes.