Insólito, Córdoba no para de recaudar con multas inventadas. Ahora son los bichos pegados en las patentes

CÓRDOBA, ARGENTINA — En los últimos días se desató una fuerte polémica en la provincia de Córdoba por una serie de multas de tránsito labradas en controles viales que, según automovilistas y usuarios en redes sociales, habrían sido emitidas por motivos que muchos consideran arbitrarios o incluso falsos. La controversia se originó el 8 de febrero, cuando varios conductores denunciaron haberse detenido por la Policía Caminera y haber recibido actas de infracción por supuestamente tener “patentes ilegibles” debido a la presencia de insectos o suciedad en las chapas patentes de sus vehículos. En algunos casos, las imágenes que circulan en redes sociales parecen mostrar patentes claramente legibles pese a los argumentos de los agentes responsables de los controles.

Los videos, publicaciones y testimonios virales —incluyendo clips en Instagram y Facebook donde los afectados relatan su experiencia— reflejan la indignación de automovilistas que aseguran que las multas no responden a una falta real ni comprobable, sino más bien a excusas inusuales para sancionar y recaudar.

¿Qué dice la normativa?

A nivel nacional, la Ley de Tránsito vigente exige que las patentes de los vehículos estén visibles, legibles y colocadas de forma correcta; su ausencia o alteración sí constituye una infracción grave que puede derivar en multas elevadas y otras sanciones. En Córdoba, la Policía Caminera tiene facultades para verificar documentalmente la identificación del vehículo en los controles viales, y una falta en la visibilidad o legibilidad de la chapa puede ser motivo de acta de infracción.

Sin embargo, el debate se intensifica cuando usuarios sostienen que en estos casos recientes las patentes no estaban cubiertas ni eran ilegibles en sentido estricto, sino que presentaban pequeños restos de insectos pegados producto de la circulación por rutas —una circunstancia común especialmente en viajes largos o después de atravesar zonas con fauna abundante— que no impediría, según los conductores, la lectura normal de los números.

Críticas por supuestas prácticas recaudatorias

Más allá de estos casos puntuales, existen críticas más amplias sobre la política de controles viales y la utilización de multas como herramienta de recaudación. En Córdoba, como en otras jurisdicciones, las multas de tránsito pueden alcanzar valores muy elevados —en algunos casos superiores a los dos millones de pesos para infracciones graves o muy graves, como exceso de velocidad o adulteración de documentación— y el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) se actualiza periódicamente, impactando directamente en el monto final a pagar.

Para muchos conductores, este contexto genera la percepción de que los operativos están más orientados a la recaudación que a la seguridad vial. En redes sociales y foros de conductores, proliferan historias de multas cuestionables e incluso casos donde los infractores aseguran no haber cometido la falta que se les imputa. (Ejemplos similares nacionales y locales señalan situaciones en que multas se generan sin fotos ni evidencia clara, o con argumentos discutibles).

Reacciones y demandas de transparencia

La difusión de estas quejas ha generado eco en la opinión pública digital y ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia y rigurosidad en los procedimientos de fiscalización vial. Usuarios piden que las actuaciones policiales estén siempre respaldadas por evidencia clara (fotos, videos o registros objetivos) que permitan verificar que la infracción realmente ocurrió, no solo la palabra del agente labrante.

Hasta el momento, no se han publicado comunicados oficiales que confirmen errores sistemáticos ni instrucciones de superiores para “inventar” motivos de multa. Sí existen anuncios y ajustes normativos recientes (como la llamada Ley de Reiterancia o cambios en criterios de sanción) que refuerzan ciertos aspectos del control vial, pero no justifican por sí mismos la emisión de multas improcedentes.

El caso de las multas por supuesta “patente cubierta por insectos” en Córdoba ha generado un debate más amplio sobre las prácticas de control de tránsito y la percepción ciudadana sobre su legitimidad. Mientras la normativa exige que las patentes sean legibles, la aplicación de esa exigencia en situaciones controvertidas pone de relieve la necesidad de equilibrios más claros entre el cumplimiento de la ley, la protección de derechos de los conductores y la transparencia en la actuación de las fuerzas de seguridad. Las autoridades provinciales y organismos competentes enfrentan ahora un desafío: explicar públicamente estos operativos y fortalecer mecanismos que garanticen que las multas se emitan con fundamentos sólidos y evidencia verificable.