URGENTE: Trump quiere enviar a Argentina a los deportados de Estados Unidos

Estados Unidos y Argentina negocian un acuerdo para recibir inmigrantes deportados y crece el debate sobre soberanía

Estados Unidos y Argentina mantienen negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Washington deportar inmigrantes de terceros países hacia territorio argentino, según informó el diario The New York Times a partir de fuentes oficiales. De concretarse, el entendimiento convertiría a Argentina en uno de los destinos alternativos para personas expulsadas del sistema migratorio estadounidense.

De acuerdo con ese reporte, un funcionario del gobierno argentino presentó a comienzos de este mes una propuesta formal para avanzar en un mecanismo de “tercer país”, figura que habilita a Estados Unidos a trasladar a migrantes no ciudadanos estadounidenses a otra nación distinta de su lugar de origen. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado norteamericano ni la Cancillería argentina confirmaron públicamente el contenido de las conversaciones.

El esquema de deportaciones a terceros países forma parte de la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, orientada a acelerar expulsiones de personas en situación irregular. En esa línea, su administración ya promovió acuerdos o gestiones similares con países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Esuatini y Sudán del Sur, entre otros.

La posible inclusión de Argentina en ese grupo se apoya en la sintonía política entre Trump y el presidente Javier Milei, quienes han expresado coincidencias en materia económica y de política exterior. Desde la asunción de Milei, el gobierno argentino adoptó un enfoque más restrictivo en materia migratoria, con mayores controles de ingreso y permanencia.

Funcionarios del área de Seguridad informaron recientemente que durante diciembre y enero cerca de 5.000 personas fueron rechazadas en frontera o expulsadas del país por distintas irregularidades, cifra que fue presentada oficialmente como un récord en controles migratorios. Además, se reforzaron exigencias como la cobertura de seguro de salud para viajeros y criterios más estrictos para personas con antecedentes penales.

La eventual firma de un acuerdo de deportaciones generó cuestionamientos en sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos, donde advierten que aceptar migrantes expulsados por Estados Unidos podría interpretarse como una cesión de capacidad soberana en la definición de la política migratoria nacional. Desde esa mirada, se sostiene que convertir al país en receptor de deportados de terceros Estados implicaría asumir costos sociales, legales y presupuestarios sin una contraprestación clara.

Otros analistas, en cambio, señalan que los tratados de “tercer país” son instrumentos utilizados en la diplomacia migratoria contemporánea y que su impacto concreto depende de las condiciones específicas del convenio, los perfiles de las personas trasladadas y las garantías procesales incluidas.

Hasta ahora no se difundieron borradores ni detalles operativos del posible acuerdo, por lo que se desconoce cuántas personas podrían ser derivadas, bajo qué estatus jurídico ingresarían y qué responsabilidades asumiría cada gobierno. El tema promete abrir un nuevo frente de discusión política interna si las negociaciones se formalizan.