En las últimas semanas, numerosos conductores que transitan por la autopista Perito Moreno, en la zona de Avellaneda, comenzaron a recibir fotomultas por supuestos excesos de velocidad mínimos — en muchos casos, de apenas 3 km/h por encima del máximo permitido.

El reclamo se repite: si la velocidad máxima señalizada es de 60 km/h, la ley nacional establece una tolerancia del 10%, es decir, hasta 66 km/h antes de considerar una infracción. Sin embargo, los municipios responsables del control parecen ignorar ese margen legal y emiten sanciones automáticas incluso por diferencias ínfimas, lo que muchos automovilistas consideran una maniobra recaudatoria más que una medida de seguridad vial.

La ley es clara, pero los radares no y los municipios hacen trampa

El artículo 70 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece expresamente que “no se considerará falta” el exceso de velocidad que no supere el 10% del máximo permitido.
A pesar de esto, los radares ubicados en distintos tramos del conurbano bonaerense —entre ellos los de la Perito Moreno— generan actas de infracción automáticas sin aplicar esa tolerancia.

Los conductores que intentan reclamar suelen encontrarse con un proceso burocrático complejo, costoso y que, en muchos casos, termina desalentando cualquier intento de defensa. En consecuencia, la mayoría paga multas que legalmente no corresponden, por montos que se multiplican con el paso del tiempo.

El costo de la injusticia cotidiana

Más allá del monto económico, la situación plantea un problema más profundo: la pérdida de confianza en el Estado.
Cuando las normas se aplican de manera arbitraria o interesada, el ciudadano percibe que el sistema está diseñado para castigar, no para proteger. En lugar de promover una cultura vial responsable, estas prácticas refuerzan la sensación de que la recaudación prima sobre la justicia.

No se trata de justificar a quien maneja de manera imprudente, sino de exigir que el propio Estado respete sus propias leyes. Porque cuando las autoridades —nacionales, provinciales o municipales— distorsionan las reglas en su favor, erosionan la moral pública y profundizan una crisis ética que ya afecta a todos los niveles de la vida social.

Una estafa institucional

Lo que debería ser una herramienta de prevención se ha transformado en una máquina de recaudar, disfrazada de control ciudadano.
Y cuando es el propio Estado el que incumple la ley para sancionar a quienes sí la cumplen, se produce una de las formas más graves de corrupción institucional: la estafa legalizada.

Argentina no solo necesita mejorar sus rutas, su infraestructura o su educación vial.
Necesita —urgentemente— que sus autoridades dejen de usar la ley como excusa para recaudar y empiecen a usarla para lo que fue creada: garantizar justicia y equidad.

Multas mínimas y máxima injusticia: cuando el Estado sanciona a quienes cumplen la ley

En la autopista Perito Moreno, zona Avellaneda, cientos de conductores se han encontrado con algo que parece surrealista: fotomultas por exceder la velocidad máxima en apenas 3 km/h. Sí, 3 km/h. El problema no es la imprudencia de los automovilistas, sino la arbitrariedad del propio Estado.

La ley de tránsito es clara: existe un margen de tolerancia del 10%. Si la velocidad máxima es de 60 km/h, la infracción se aplicaría recién a partir de 66 km/h. Aún así, los radares automáticos parecen ignorar este margen, generando actas de infracción que obligan a los contribuyentes a pagar multas injustas.

El resultado es doble: económicamente afecta al ciudadano y erosiona la confianza en las instituciones. Cuando la justicia se aplica de manera desigual y se utiliza la norma para recaudar, no para proteger, el Estado estafa a quienes deberían ser protegidos por sus propias leyes.

Esta situación no es solo un problema de tránsito. Es una señal de la decadencia moral que atraviesa a la administración pública. La población ve que las normas no se cumplen, que se prioriza la recaudación por encima del derecho, y que los mecanismos legales que deberían ser justos se transforman en instrumentos de presión económica.

Argentina necesita urgentemente que las autoridades respeten la ley, no la vulneren en su propio beneficio. No se trata de justificar a quienes exceden la velocidad: se trata de exigir igualdad frente a la norma, algo que debería ser básico en cualquier democracia que se precie de tal.

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Recuadro informativo: cómo apelar una multa mínima en la Perito Moreno

1. Verifica la velocidad registrada: solicita la constancia del radar y la fecha/hora exacta de la infracción.
2. Aplica la tolerancia del 10%: recuerda que la ley establece que si el límite es 60 km/h, solo se infringe a partir de 66 km/h.
3. Presenta un descargo: se puede hacer ante la municipalidad o autoridad vial correspondiente, adjuntando pruebas (GPS, video, testigos).
4. Exige revisión: si no hay respuesta favorable, es posible elevar la apelación ante tribunales de faltas.