Multas eternas e ilegales: el sistema judicial bonaerense que convierte en rehenes a los ciudadanos. Las multas nunca prescriben ni caducan

En la Provincia de Buenos Aires, cientos de miles de ciudadanos viven atrapados en una red insostenible de supuestas infracciones de tránsito que, lejos de cumplir con los principios básicos del debido proceso, se transforman en deudas eternas que violan los derechos constitucionales más elementales. A pesar de que la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece plazos claros de prescripción para las multas, la realidad en el territorio bonaerense contradice toda norma legal y moral: las multas nunca vencen (prescriben).

Una ley que no se cumple (Ley Nacional de Tránsito 24.449)

Según la legislación vigente, las infracciones leves prescriben al año y las graves entre dos y cinco años, dependiendo de la jurisdicción. Esta prescripción no es caprichosa, sino que responde a un principio básico del derecho: ninguna falta puede perseguirse indefinidamente sin notificación ni debido proceso. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires, este derecho es sistemáticamente vulnerado.

Lo que ocurre en la práctica es un verdadero fraude institucional: los juzgados de faltas reinician la fecha de la multa periódicamente, generando la ilusión de que la infracción es reciente, aunque en realidad haya ocurrido hace años. Así, una infracción cometida en 2018 puede figurar en 2025 como si hubiera sido labrada «ayer». Esta mecánica permite que las multas jamás prescriban, y que los ciudadanos carguen con antecedentes que afectan su historial, la renovación del registro o incluso la venta de un vehículo.

La trampa de la notificación fantasma

Uno de los elementos más escandalosos del sistema es la ausencia de notificaciones legales. Según la ley, el presunto infractor debe ser notificado fehacientemente para tener la posibilidad de ejercer su defensa, presentar descargos o acogerse a beneficios por pronto pago. Pero eso raramente ocurre.

Quienes intentan comunicarse con los juzgados administrativos de infracciones se topan con teléfonos que no existen, correos electrónicos inactivos o direcciones físicas donde nadie responde. En la práctica, esto genera una indefensión absoluta: el Estado incumple con su deber de informar, pero exige el pago con intereses acumulados por años.

Un sistema montado para recaudar, no para impartir justicia

Las evidencias apuntan a un sistema montado no para regular el tránsito ni mejorar la seguridad vial, sino para recaudar de manera sistemática e ilegal. El propio Poder Judicial, que debería velar por la legalidad del procedimiento, actúa como ejecutor de un mecanismo corrupto, sin controles efectivos y con total desprecio por las normas que él mismo debiera aplicar.

Los municipios, incentivados por la coparticipación de lo recaudado por multas, también tienen un rol activo en este esquema. Algunos incluso tercerizan el cobro con empresas privadas, que operan sin marco regulatorio, convirtiendo a los automovilistas en blancos de una maquinaria recaudatoria sin freno ni escrutinio.

¿Cómo se resuelve lo que no se puede pelear?

Ante este panorama, la mayoría de los ciudadanos opta por pagar, muchas veces sin siquiera saber de qué se los acusa. ¿Cómo presentar un descargo si nunca se recibió una notificación? ¿Cómo apelar una sanción si no existe interlocutor válido del otro lado? La indefensión es total. Y la angustia, creciente.

Mientras tanto, el Estado sigue cobrando. Multas por pasar un semáforo en amarillo hace seis años. Por una supuesta infracción en una ruta que nunca se transitó. Por exceso de velocidad sin foto, sin radar habilitado, sin señalización.

el Estado como verdugo

La situación de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires es un síntoma más de un país donde la ley no es garantía, sino amenaza, y donde el propio aparato institucional ha perdido legitimidad frente a una ciudadanía que ya no confía.

Si el Estado viola las normas que él mismo dicta, ¿cómo puede exigir cumplimiento a sus ciudadanos? ¿Cómo se puede construir una sociedad justa, si la justicia actúa como brazo de la arbitrariedad? Hoy, las rutas bonaerenses son también un campo minado de trampas legales. Y los conductores, rehenes de un sistema que debería protegerlos, no perseguirlos.