El riesgo de soltarle la mano al trabajador: por qué la desregulación laboral en la Argentina puede ser el tiro de gracia a la clase media

Por más que el Gobierno intente vestirlo de modernización, la llamada “reforma laboral con salarios dinámicos” que impulsa Javier Milei representa, en los hechos, una profunda desregulación del mercado de trabajo argentino. Detrás del discurso técnico del secretario de Trabajo, Julio Cordero, lo que se perfila es un nuevo orden laboral donde la “libertad” no será del trabajador, sino del empresario.

Cordero lo dijo sin rodeos: el plan oficial busca promover convenios “por empresa” y reemplazar el sistema de paritarias colectivas por negociaciones individuales o reducidas, atadas a la “productividad y mérito” de cada empleado. En teoría, esto suena eficiente; en la práctica, abre la puerta a la precarización más brutal que el país haya conocido desde la convertibilidad.

El espejismo del salario dinámico

El concepto de salario dinámico —ese que se ajusta según el desempeño individual— parece una idea moderna importada del management corporativo. Pero en un país con más del 45% de informalidad laboral y una estructura productiva dominada por pymes frágiles y grandes empresas monopólicas, la meritocracia es una quimera.

En este esquema, el trabajador deja de ser parte de una fuerza colectiva que negocia en bloque frente al empleador, para transformarse en un individuo aislado, vulnerable y obligado a “ganarse” su aumento a discreción del jefe.
El resultado previsible: una caída generalizada de los salarios reales, una competencia interna feroz entre compañeros, y una nueva herramienta para disciplinar al empleado.

En un contexto donde los empresarios argentinos suelen tener una visión rentista antes que productiva —aprovechando subsidios, dolarizando ganancias y trasladando cualquier costo al consumidor o al trabajador—, pensar que esos mismos actores “premiarán el mérito” es, como mínimo, ingenuo.

Desregular en un país sin ética empresarial

Desregular puede funcionar en economías con empresarios comprometidos, innovación real y una justicia laboral eficiente. Pero la Argentina no es ese país.
Aquí, el empresariado nacional ha demostrado en múltiples crisis que su prioridad es conservar margen de ganancia, aun si eso implica ajustar por el lado más débil: el trabajador.

Cuando el Gobierno elimina multas por trabajo en negro —como celebró Cordero en el Congreso—, el mensaje es claro: las empresas pueden incumplir sin consecuencias. Y cuando se propone que cada firma negocie “sus propias condiciones” con su sindicato interno, lo que realmente se promueve es la fragmentación de la fuerza sindical, dejando a miles de empleados sin respaldo real frente a patronales con poder económico y jurídico muy superior.

Esta lógica de “libertad de mercado” esconde una trampa mortal: sin regulaciones fuertes ni control estatal, el más poderoso impone las reglas. Y en la Argentina, donde la avaricia empresaria no conoce límites, esa ecuación sólo puede derivar en mayor desigualdad.

El mito del equilibrio entre partes

El secretario Cordero aseguró que su gestión busca “un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios”. Sin embargo, ese equilibrio no existe en un país donde los sindicatos están debilitados, el Estado se retira y el mercado se vuelve juez y parte.
El resultado de este tipo de reformas ya se ha visto en otras latitudes: salarios a la baja, informalidad disfrazada de flexibilidad, y una clase trabajadora cada vez más empobrecida y atemorizada.

Cuando el Gobierno habla de “proteger al sector privado para que no se retire”, lo que en realidad está haciendo es sacrificar derechos laborales en nombre de una competitividad que nunca llega. La historia económica argentina está llena de ejemplos de empresarios protegidos que jamás devolvieron ese favor en forma de inversión o empleo.

El verdadero peligro: una sociedad sin estabilidad

Desregular el trabajo en un país sin cultura de responsabilidad social empresaria es como soltar un animal hambriento en una granja. La promesa de “mayor productividad” oculta un sistema donde el trabajador ya no tiene paritarias reales, ni indemnización segura, ni piso salarial digno.
Si el Estado abdica de su rol de árbitro, el mercado laboral argentino se convertirá en una selva donde los más fuertes dictan las reglas y los más débiles sobreviven como pueden.

El experimento de los “salarios dinámicos” y los “convenios por empresa” no es una modernización, sino una restauración del viejo modelo oligárquico: el patrón decidiendo cuánto vale cada trabajador, sin sindicatos fuertes ni Estado presente.
Desregular el mercado laboral en estas condiciones no traerá crecimiento, sino una nueva forma de servidumbre disfrazada de libertad económica.

La historia reciente demuestra que cuando la avaricia empresaria se combina con la indiferencia estatal, el resultado siempre es el mismo: menos derechos, menos dignidad y una Argentina cada vez más desigual.