El deterioro silencioso en la industria alimentaria argentina. Informe económico y social

En la Argentina de hoy, la industria alimentaria transita un proceso de degradación que avanza con sorprendente naturalidad: productos más pobres, paquetes más chicos y precios más altos. El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en el último año, impulsado por la ausencia de controles del Estado y por una sociedad que, agotada por la crisis económica y acostumbrada a la vulneración de derechos, se ha convertido en un consumidor fácilmente manipulable.

Las grandes marcas de alimentos —que concentran buena parte del mercado en categorías clave como lácteos, harinas, galletitas, bebidas, congelados y artículos de higiene— han adoptado prácticas que, en otros países, serían sancionadas. El llamado “shrinkflation” se instaló como regla: paquetes que mantienen su apariencia original pero reducen entre un 10% y un 30% su contenido, al tiempo que aplican aumentos continuos. Así, el envase de siempre deja de ser el producto de siempre. La pérdida, imperceptible al principio, se vuelve parte de un mecanismo sistemático de transferencia de ingresos desde el consumidor hacia los fabricantes.

A este proceso se suma la “downgrade productiva”: el reemplazo de materias primas por insumos más baratos, la reducción de calidad nutricional y la incorporación de aditivos que abaratan costos. Galletitas con menos manteca y más grasas hidrogenadas, yogures rebajados, panificados con menor proporción de ingredientes nobles, y salsas o jugos “saborizados” que ocultan en las etiquetas la caída en la calidad. Estas maniobras, que requieren un marco regulatorio firme para ser controladas, se multiplican en un contexto donde el organismo estatal encargado de fiscalizar está debilitado, desfinanciado o directamente ausente.

La situación se agrava por un comportamiento social que las empresas detectan con precisión. La población argentina atraviesa años de inflación crónica, pérdida de poder adquisitivo y expectativas deterioradas. En ese escenario, el consumidor se vuelve menos exigente, más resignado y, en muchos casos, incapaz de cuestionar. El foco del hogar promedio está puesto en llegar a fin de mes, no en auditar gramo por gramo si un paquete trae 20 gramos menos o si el sabor cambió por sustitución de insumos. Esta falta de reacción social funciona como un aval tácito para que las empresas profundicen sus estrategias.

El problema no es solo económico: es cultural. Argentina, a diferencia de otros países donde el consumidor reacciona con rapidez ante abusos, no ha construido una cultura sólida de defensa de sus derechos. Las asociaciones de consumidores carecen de fuerza y representación, los mecanismos de reclamo son lentos y confusos, y la ciudadanía no está habituada a exigir compensaciones, devoluciones ni transparencia. Las empresas lo saben y actúan en consecuencia. No es casual que las estrategias más radicales de reducción de calidad se prueben primero en mercados donde el control estatal es débil y la reacción social es mínima.

Este deterioro silencioso tiene efectos profundos. En el plano económico, afecta la capacidad de elección real del consumidor, distorsiona la competencia y debilita la calidad general de la oferta alimentaria. En el plano social, genera desconfianza, profundiza la desigualdad —porque los hogares de menores ingresos son los más expuestos a productos degradados— y normaliza un estándar de consumo cada vez más bajo. En el plano sanitario, la baja calidad alimentaria impacta en la nutrición, especialmente en niños y adultos mayores.

La combinación de un Estado ausente, empresas concentradas con fuerte poder de mercado y una sociedad desmovilizada crea un ecosistema ideal para que el deterioro de los alimentos continúe. Nada indica que esta tendencia vaya a revertirse sin cambios estructurales: regulaciones estrictas, sanciones reales, educación del consumidor, fortalecimiento de asociaciones civiles y una ciudadanía más consciente de su poder.

Mientras tanto, la Argentina enfrenta un fenómeno tan cotidiano que ya casi pasa inadvertido: el país paga más por menos, compra peor calidad disfrazada de continuidad y permite que una parte esencial de su economía, la industria alimentaria, avance hacia una degradación que no es solo comercial, sino cultural y social. Es un reflejo directo de una sociedad que aún no aprendió a defender lo que consume, ni a exigir el respeto que merece como último eslabón de la cadena económica.