El libro que explica una ideología: qué dice “Defendiendo lo indefendible” y por qué Milei lo regaló a su Gabinete

La escena no fue casual ni meramente protocolar. En la cena de fin de año realizada este lunes en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei obsequió a ministros y colaboradores más cercanos un mismo libro: Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block. La imagen oficial mostró al mandatario en el centro, rodeado de funcionarios que sostenían el volumen como si se tratara de una credencial doctrinaria. El gesto funcionó como una señal política clara: el texto elegido no es una curiosidad intelectual, sino una clave para comprender el núcleo ideológico que inspira al actual Gobierno.

Publicado originalmente en 1976 y prologado por Murray Rothbard —referente central del libertarianismo radical y figura reivindicada de manera recurrente por Milei—, el libro de Block se hizo célebre por su carácter deliberadamente provocador. A lo largo de sus páginas, el autor ensaya la defensa de conductas que la mayoría de las sociedades contemporáneas regulan o prohíben: la prostitución, el proxenetismo, el narcotráfico, el chantaje, el trabajo infantil, la usura, la corrupción policial o la difamación, entre otras. El hilo conductor es siempre el mismo: si existe un acuerdo voluntario entre adultos y no hay agresión física directa, el Estado no tiene legitimidad para intervenir.

Ese razonamiento se apoya en una concepción extrema del liberalismo que el propio Milei repite como axioma: el “respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”, basado en el principio de no agresión y en la defensa absoluta de la propiedad privada. En la lectura de Block, ese principio alcanza para justificar casi cualquier práctica, aun cuando sus efectos sociales resulten profundamente dañinos.

En el caso de la prostitución, por ejemplo, el autor la presenta como un intercambio contractual entre partes libres, desligado de los contextos de desigualdad económica, coerción indirecta y violencia estructural que suelen rodear a esa actividad. La misma lógica se extiende al proxeneta, reducido a un simple intermediario de mercado, y al narcotraficante, concebido como un proveedor que responde a una demanda voluntaria, sin considerar los impactos sanitarios, territoriales y criminales que el fenómeno genera de manera acumulativa.

Block aplica el mismo prisma al drogadicto, al que describe como un individuo que ejerce soberanía sobre su propio cuerpo, incluso cuando esa decisión implique autodestrucción; al chantajista, cuya extorsión se convierte en una transacción legítima; y al difamador, para quien la mentira pública debería estar protegida por la libertad de expresión, aun cuando dañe reputaciones y erosione la confianza social.

La lista continúa con figuras como el blanqueador de dinero, el usurero, el especulador financiero, el comerciante que eleva precios en zonas pobres, el empleador que precariza condiciones laborales, el “carnero” que rompe una huelga y, quizá uno de los puntos más sensibles, quien contrata niños para trabajar. En todos los casos, el autor desplaza la discusión desde los efectos sociales hacia la forma del contrato, ignorando las asimetrías de poder y las condiciones materiales que condicionan la supuesta libertad de elección.

El denominador común de estas defensas es una idea de sociedad donde el mercado reemplaza casi por completo a la política y donde la noción de interés colectivo se diluye. Las regulaciones, lejos de ser herramientas para corregir desigualdades o prevenir daños, aparecen como interferencias arbitrarias que distorsionan intercambios “naturales”.

Por eso, el regalo de Milei a su Gabinete no puede leerse como un gesto inocente ni como una provocación aislada. Defendiendo lo indefendible no es sólo un libro polémico: es un manifiesto que propone una reorganización profunda del orden social, donde el Estado deja de ser garante de derechos básicos y pasa a ocupar un rol residual, casi prescindible.

Al poner este texto en circulación dentro del núcleo del poder ejecutivo, el Presidente refuerza una señal ideológica que atraviesa su gestión: la apuesta por un modelo donde los límites legales y sociales se reducen al mínimo y donde las consecuencias de esa retirada estatal recaen directamente sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, el libro funciona menos como una lectura recomendada y más como una declaración de principios.

La prostituta

Block presenta a la prostituta como una trabajadora que realiza un intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero entre adultos responsables. En su razonamiento, el aspecto central no es el contenido del acto sino la existencia de un acuerdo sin uso de la fuerza física directa. Desde esa lógica, la prostitución no debería ser objeto de prohibición ni regulación estatal, ya que no habría violación de derechos ni agresión identificable.

El carácter provocador de esta tesis aparece cuando la prostitución es reducida a una relación contractual abstracta, desligada de los contextos sociales, económicos y de género en los que suele desarrollarse. Las sociedades contemporáneas reconocen que el consentimiento puede estar condicionado por situaciones de necesidad extrema, desigualdad estructural y falta de alternativas reales. Por eso, el planteo de Block entra en tensión con marcos legales que no evalúan estas prácticas sólo por la forma del acuerdo, sino por sus efectos sociales persistentes.

Si este enfoque se aplicara sin mediaciones, la prostitución quedaría integrada plenamente al mercado, sin políticas específicas de protección, salud o contención social. En ese escenario, la capacidad económica pasaría a ser el criterio principal de legitimación, lo que consolidaría un orden donde la precariedad material habilita la mercantilización de dimensiones íntimas de la vida como forma normalizada de supervivencia.

El proxeneta

Block extiende su razonamiento al proxeneta, al que define como un intermediario que organiza y facilita intercambios en el mercado sexual. Sostiene que, en ausencia de coerción física directa, su función no difiere sustancialmente de la de otros agentes que conectan oferta y demanda en distintos rubros económicos.

La controversia surge al separar esta figura de su contexto histórico y empírico. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el proxenetismo es penalizado no por una condena moral abstracta, sino por su vinculación estructural con prácticas de explotación, control económico y abuso sistemático. El enfoque de Block prescinde de estas dimensiones y evalúa la actividad únicamente por su forma contractual, a la vez que ignora las relaciones de poder que suelen sostenerla.

Llevada a la práctica, esta concepción implicaría legitimar esquemas de intermediación que obtienen beneficios de la vulnerabilidad ajena sin asumir responsabilidades sociales. El resultado sería una expansión de mercados donde la ganancia se produce a partir de desigualdades persistentes, con una presencia estatal limitada a la garantía formal de contratos.

«El cerdo machista»

En este apartado, Block defiende el derecho de individuos a sostener actitudes o expresiones abiertamente misóginas en el ámbito privado o comercial, siempre que no incurran en agresión física. Para el autor, estas conductas pueden ser socialmente reprobables, pero no justifican la intervención estatal si se desarrollan dentro de relaciones voluntarias.

El punto de fricción aparece cuando se considera que la discriminación no se manifiesta únicamente mediante la violencia directa. A lo largo del tiempo, los Estados modernos incorporaron la idea de que ciertas prácticas culturales reiteradas producen efectos excluyentes, aun cuando se expresen en intercambios aparentemente libres. La igualdad ante la ley se concibe así como algo más que la ausencia de golpes o amenazas.

Si esta lógica se institucionalizara, discursos y prácticas discriminatorias quedarían amparados por una libertad contractual, incluso cuando reproduzcan desigualdades profundas. El mercado pasaría a funcionar como instancia legitimadora de conductas que, en otros ámbitos, fueron progresivamente limitadas para garantizar condiciones mínimas de igualdad social.

El narcotraficante

Block analiza al narcotraficante como un proveedor que responde a una demanda existente y voluntaria. Según su argumento, la violencia asociada al narcotráfico no deriva del producto en sí, sino de su prohibición. En un mercado libre, sostiene, esta actividad no sería moral ni económicamente distinta de cualquier otra forma de comercio.

La provocación de este planteo reside en la reducción del fenómeno a una simple relación entre oferente y consumidor. Las regulaciones sobre drogas no se basan únicamente en el intercambio individual, sino en los efectos acumulativos sobre la salud pública, la seguridad y el entramado social. Al prescindir de estas variables, la propuesta entra en conflicto con marcos legales construidos para atender daños colectivos.

Aplicar esta visión implicaría desentender a las instituciones públicas de las consecuencias sanitarias y sociales del consumo problemático. El impacto recaería de manera desigual, y afectaría con mayor intensidad a los sectores con menos recursos, donde la oferta de sustancias suele ir acompañada de ausencia de contención y de políticas preventivas.

El drogadicto

Para Block, el drogadicto es un individuo que ejerce su derecho a disponer de su propio cuerpo, aun cuando esa decisión resulte autodestructiva. El autor sostiene que no existe fundamento legítimo para la intervención estatal, ya que el daño se circunscribe a la propia persona y no constituye una agresión a terceros.

Este enfoque resulta controvertido porque trata la adicción como una elección aislada, desvinculada de factores sociales, psicológicos y económicos ampliamente documentados. Las políticas públicas contemporáneas parten del reconocimiento de que el consumo problemático no es solo una conducta individual, sino una situación que compromete derechos básicos como la salud, la dignidad humana y también al círculo familiar y cercano del adicto.

Si esta lógica se adoptara de manera estricta, la atención, prevención y tratamiento de las adicciones quedarían libradas casi exclusivamente a la capacidad individual. El efecto sería un retiro del Estado como actor responsable, lo que dejaría amplios sectores de la población expuestos a procesos de deterioro personal y social sin redes institucionales de acompañamiento.

El policía corrupto

Block analiza la corrupción policial como una respuesta individual a incentivos distorsionados creados por el Estado. En su razonamiento, los sobornos surgen porque el poder coercitivo se concentra en manos de funcionarios que controlan mercados prohibidos.

La provocación radica en desplazar la responsabilidad del agente público hacia el sistema, lo que relativiza la función institucional de las fuerzas de seguridad. La legalidad democrática se apoya en la confianza en autoridades que actúan conforme a la ley, no en arreglos privados.

Si este enfoque se normalizara, la corrupción dejaría de ser una anomalía y pasaría a integrarse como mecanismo habitual de funcionamiento. El resultado sería un debilitamiento profundo del Estado de derecho, donde la ley se aplica según capacidad de pago y no según criterios universales.

El chantajista

Walter Block sostiene que el chantajista no comete una agresión ilegítima cuando amenaza con revelar información verdadera a cambio de dinero. En su razonamiento, si la información es obtenida sin violencia y su difusión es legal, el ofrecimiento de no publicarla a cambio de un pago constituye una transacción voluntaria entre adultos responsables.

La controversia aparece al considerar que el chantaje introduce una forma de coerción que no se expresa como violencia física, pero que afecta gravemente la autonomía de la persona extorsionada. Los sistemas legales modernos distinguen entre el derecho a expresarse y el uso de la información como herramienta de presión ilegítima, precisamente porque el chantaje erosiona la confianza social y vulnera la intimidad como bien jurídico protegido.

Si esta práctica se normalizara, la información personal se convertiría en un activo comercial sin límites claros. La vida privada quedaría expuesta a mercados de presión y amenaza, generando un clima social donde la libertad individual se ve condicionada por la capacidad económica para comprar silencio.

El difamador y el calumniador

Block argumenta que la difusión de información falsa debería ser tolerada siempre que no implique agresión física. Desde su óptica, el derecho a expresarse incluye incluso el derecho a mentir, y cualquier intento estatal de sancionar la difamación constituye una restricción indebida a la libertad de expresión.

El carácter provocador de esta postura radica en desconocer que la reputación cumple una función social y económica central. Las legislaciones contemporáneas establecen límites a la expresión cuando esta produce daños concretos y verificables, ya que la palabra puede operar como instrumento de perjuicio real, aun sin violencia directa.

Llevada a la práctica, esta concepción habilitaría entornos donde la falsedad circula sin consecuencias. En ese contexto, el acceso a la verdad quedaría mediado por el poder económico y comunicacional, lo que afectaría el funcionamiento básico de instituciones que dependen de información confiable.

Los publicistas

Block presenta al publicista como un actor legítimo del mercado, incluso cuando utiliza técnicas persuasivas que apelan a emociones, miedos o deseos. Mientras no haya fraude explícito, sostiene, la publicidad forma parte del juego competitivo y no debe ser regulada.

La provocación aparece al minimizar el impacto social de la manipulación sistemática de conductas de consumo. La regulación publicitaria surge precisamente del reconocimiento de asimetrías informativas y de la necesidad de proteger a audiencias vulnerables, como los niños, especialmente en áreas sensibles como salud o alimentación.

Sin límites claros, la publicidad podría profundizar patrones de consumo dañinos y consolidar relaciones desiguales entre empresas y ciudadanos. El espacio público quedaría saturado de estímulos diseñados para maximizar beneficios sin consideración por sus efectos colectivos.

El taxista sin licencia

Block defiende al taxista que opera sin habilitación estatal, con el argumento de que las licencias constituyen barreras artificiales que restringen la competencia. Desde su punto de vista, si hay pasajeros dispuestos a contratar el servicio, no existe justificación para prohibirlo.

La controversia surge porque las licencias no sólo regulan la competencia, sino que establecen estándares mínimos de seguridad, responsabilidad y cobertura legal. La eliminación de estos requisitos responde a una visión que prioriza la eficiencia económica por sobre la protección del usuario.

Aplicar este enfoque implicaría un sistema de transporte desregulado, donde la seguridad y la calidad del servicio quedarían sin control. En ese escenario, los riesgos recaerían principalmente sobre quienes no pueden elegir alternativas más costosas y seguras.

Sobre la reventa

Block presenta al revendedor como un intermediario que mejora la asignación de recursos al trasladar bienes hacia quienes están dispuestos a pagar más. Para el autor, la reventa no crea escasez, sino que revela precios reales.

El carácter provocador de esta tesis aparece en contextos donde los bienes revendidos son esenciales o escasos. En esos casos, la regulación busca evitar que la necesidad se convierta en una oportunidad de lucro extraordinario, protegiendo el acceso equitativo.

Si esta lógica se generalizara, el acceso a bienes básicos quedaría crecientemente determinado por la capacidad de pago. La escasez dejaría de ser un problema a resolver colectivamente y pasaría a ser un mecanismo normal de ajuste social.

El blanqueador de dinero

Walter Block sostiene que el blanqueo de dinero realizado por actores privados no constituye un delito en sí mismo, siempre que no implique violencia directa. En su razonamiento, el dinero no tiene una moral intrínseca y su origen no debería condicionar la legitimidad de las transacciones posteriores si estas se realizan voluntariamente entre partes.

La controversia aparece al considerar que el lavado de dinero no es una actividad aislada, sino un engranaje central de economías criminales más amplias. La persecución de estas prácticas se apoya en la necesidad de desarticular circuitos financieros que sostienen delitos complejos, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, aun cuando el blanqueador no participe directamente de ellos.

Si esta concepción se aplicara, los mercados financieros se volverían permeables a flujos de capital de origen ilícito sin mecanismos efectivos de control. La consecuencia sería una economía formal distorsionada, donde el crimen organizado competiría en igualdad de condiciones con actividades productivas legales, lo que debilitaría la transparencia y la confianza sistémica.

El heredero

Block defiende el derecho irrestricto a heredar grandes fortunas, y rechaza cualquier forma de impuesto sucesorio. En su visión, la herencia es una extensión del derecho de propiedad y cualquier gravamen constituye una expropiación encubierta.

La controversia se manifiesta en el impacto que la herencia tiene sobre la igualdad de oportunidades. La transmisión automática de grandes patrimonios consolida ventajas que no surgen del mérito ni del esfuerzo personal, generando estructuras económicas rígidas y poco permeables.

Llevada a la práctica, esta concepción refuerza una economía donde el punto de partida determina el recorrido vital. La movilidad social se ve limitada y las brechas de riqueza tienden a reproducirse generación tras generación, afectando el dinamismo económico y social.

El usurero

En su libro, Block presenta al usurero como un actor necesario que asume riesgos que otros no están dispuestos a tomar. Para el autor, cualquier límite a los intereses es una interferencia que distorsiona el funcionamiento del mercado crediticio.

El conflicto aparece porque estas prácticas se desarrollan, en general, en contextos de necesidad extrema. La regulación del crédito surge del reconocimiento de relaciones asimétricas, donde quien solicita un préstamo no siempre lo hace en condiciones de libertad plena, sino bajo presión económica.

Si esta lógica se impusiera, el endeudamiento podría transformarse en un mecanismo estructural de exclusión. Los sectores vulnerables quedarían atrapados en ciclos de deuda difíciles de revertir, con consecuencias sociales que exceden el ámbito estrictamente contractual.

El comerciante sin escrúpulos

Block defiende al comerciante que fija precios elevados en zonas pobres, bajo el argumento de que asume riesgos adicionales y enfrenta costos mayores. Para el autor, el precio refleja condiciones de mercado y no puede ser juzgado por criterios externos.

El carácter controvertido de esta defensa aparece al considerar que estas prácticas se desarrollan siempre en contextos de necesidad estructural. La ausencia de regulación permite que la vulnerabilidad se convierta en un factor de rentabilidad, lo que refuerza dinámicas de exclusión.

Si esta lógica se extendiera, el acceso a bienes básicos en barrios marginados se volvería cada vez más costoso. La desigualdad territorial se profundizaría y los precios dejarían de cumplir una función de asignación eficiente para transformarse en barreras de acceso.

El importador

Block presenta al importador como un intermediario clave que amplía la oferta y reduce costos. Desde su perspectiva, que es la que pondera exactamente el presidente Javier Milei, cualquier restricción estatal a la importación distorsiona el mercado y perjudica al consumidor.

La provocación aparece al ignorar los efectos estructurales de una apertura irrestricta. Las políticas comerciales fueron históricamente utilizadas para proteger sectores productivos estratégicos y preservar empleo, al reconocer que el comercio no ocurre en condiciones de igualdad.

Aplicada sin matices, esta lógica debilitaría industrias locales y aumentarían la dependencia externa. El impacto se traduciría en pérdida de empleo y menor capacidad de desarrollo productivo autónomo.

El especulador

Block reivindica a una figura que en el ideario argentino tiene una connotación sumamente negativa: el especulador. Según el autor, este actor es un agente que anticipa cambios y estabiliza mercados a largo plazo. Para el economista, la especulación es una forma legítima de asumir riesgos y generar información sobre precios futuros.

El carácter provocador de esta defensa aparece porque la especulación opera sobre bienes esenciales o mercados sensibles. La experiencia histórica muestra que estas prácticas pueden amplificar crisis y generar volatilidad extrema.

Normalizada esta lógica, los ciclos económicos podrían volverse más inestables. La incertidumbre afectaría la planificación de hogares y empresas, con impactos sociales que exceden ampliamente el beneficio privado del especulador.

La minería a cielo abierto

Walter Block defiende la minería a cielo abierto como una actividad legítima siempre que se realice sobre propiedad privada o con acuerdos contractuales. En su planteo, los impactos ambientales no constituyen un problema moral si las partes involucradas aceptan las condiciones y los costos asociados.

La controversia surge cuando los efectos de esta actividad trascienden los límites de la propiedad y afectan ecosistemas compartidos. La regulación ambiental se apoya en el reconocimiento de daños que no pueden ser contenidos por contratos individuales, como la contaminación del agua, del aire o la degradación irreversible del suelo.

Si esta lógica se aplicara sin restricciones, los daños ambientales quedarían subordinados a acuerdos privados de corto plazo. Las consecuencias se proyectarían sobre comunidades enteras y generaciones futuras, con costos sociales difíciles de revertir una vez producido el daño.

El que arroja basura en la calle

Block sostiene que arrojar residuos es una conducta aceptable mientras no viole derechos de propiedad claramente definidos. En su visión, el problema no es la contaminación en sí, sino la falta de dueños identificables que reclamen por el daño.

El carácter provocador de esta postura aparece al desconocer que muchos bienes ambientales son de uso común. La regulación de residuos surge precisamente para evitar que la ausencia de propietarios individuales derive en la degradación de espacios compartidos.

Normalizar esta conducta implicaría una mayor degradación del entorno urbano y natural. La calidad de vida se vería afectada y los costos de limpieza y recuperación recaerían sobre el conjunto de la sociedad.

«El patrón cerdo capitalista y barrigón»

Block defiende al empleador que maximiza beneficios incluso a costa de salarios bajos o condiciones laborales duras. En su planteo, el empleo es un acuerdo voluntario y cualquier interferencia externa distorsiona la relación contractual.

La provocación aparece al ignorar las condiciones estructurales del mercado laboral. La regulación del trabajo surge del reconocimiento de desigualdades de poder entre empleadores y trabajadores, y de la necesidad de establecer pisos de protección.

Aplicada de forma generalizada, esta lógica profundizaría la precarización laboral. Las condiciones de trabajo quedarían determinadas por la necesidad económica más que por estándares mínimos de dignidad

El “carnero” que va a trabajar cuando hay huelga

Block presenta al trabajador que reemplaza a huelguistas como un agente que ejerce su libertad individual. Para el autor, impedir esta práctica constituye una violación al derecho a trabajar.

La controversia surge porque la huelga cumple una función colectiva en la negociación laboral. Limitarla mediante reemplazos sistemáticos temporales debilita la capacidad de los trabajadores de equilibrar la relación con el empleador.

Si esta lógica se normalizara, la negociación colectiva perdería efectividad. Los conflictos laborales se resolverían de manera más desigual, con menor capacidad de defensa para los trabajadores.

El que contrata niños

Block aborda el trabajo infantil como una práctica que puede resultar beneficiosa para las familias. En su análisis, prohibirlo sin considerar las condiciones económicas reales puede generar mayores perjuicios.

La controversia es profunda porque la erradicación del trabajo infantil se basa en la protección de derechos básicos. La educación obligatoria y la prohibición del trabajo temprano responden a la necesidad de garantizar desarrollo y oportunidades futuras.

Si esta lógica se aplicara, se consolidarían circuitos de exclusión desde edades tempranas. La infancia quedaría subordinada a la supervivencia económica inmediata, con efectos duraderos sobre la igualdad social.