Argentina: récord histórico de Dólares bajo el colchón y la apuesta del Gobierno para hacerlos volver

En la antesala del debate en el Senado por el proyecto de Inocencia Fiscal, un dato oficial volvió a poner en evidencia una de las anomalías estructurales de la economía argentina: la magnitud del ahorro en dólares que permanece fuera del sistema financiero. Según el último informe de Balanza de Pagos publicado por el INDEC, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos atesoraban USD 253.919 millones en concepto de “Otra inversión”, una categoría que incluye principalmente efectivo en moneda extranjera guardado fuera de bancos y del circuito formal.

La cifra supera incluso las estimaciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en reiteradas exposiciones habló de un stock cercano a los USD 200.000 millones. El dato cobra especial relevancia política y económica porque se conoce en un momento clave: el oficialismo busca convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, con el objetivo explícito de que esos dólares “salgan del colchón” y se integren al consumo, la inversión y la actividad económica cotidiana.

Desde el equipo económico admiten que la iniciativa apunta menos a una recaudación inmediata y más a recomponer la confianza. “Que los dólares que los argentinos tienen en el colchón se utilicen para compras diarias” es la expectativa central del Gobierno tras la media sanción obtenida esta semana en el Senado. Sin embargo, el camino está lejos de ser lineal. Tal como reveló Infobae, persisten trabas operativas, como la exigencia de declaraciones juradas voluntarias por parte de los bancos, que desalientan a potenciales usuarios.

El propio Ministerio de Economía reconoce que la experiencia con la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) fue una señal de alerta. Si bien se estimaba que los depósitos que quedarán liberados a partir del 1° de enero de 2026 —aquellos superiores a USD 100.000— rondan entre USD 20.000 y USD 24.000 millones, no se registró un ingreso masivo hacia instrumentos financieros o inversiones productivas. “Si había tantas alternativas para usar esos fondos sin pagar la penalidad del 5%, ¿por qué esperar hasta enero de 2026?”, se preguntó una fuente del Palacio de Hacienda.

Para Caputo, la respuesta excede lo económico y se inscribe en lo cultural. “Es la prueba más contundente del daño psicológico que se le ha hecho a la gente”, afirmó, aludiendo a décadas de crisis, confiscaciones y cambios de reglas que consolidaron la preferencia por el efectivo fuera del sistema. El temor oficial es que, pasado el 31 de diciembre, una parte de esos fondos vuelva directamente al colchón, sin pasar por el circuito formal.

El proyecto de Inocencia Fiscal intenta dar garantías de largo plazo mediante una reforma profunda del Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. Uno de los cambios más relevantes es el nuevo umbral a partir del cual la evasión se considera delito: $100 millones. Según explicó el tributarista Martín Caranta, no todo monto superior a ese piso configura automáticamente evasión, ya que también debe probarse la intención subjetiva de incumplir la obligación impositiva.

No obstante, el texto legal abrió otro frente de conflicto: el esquema de multas automáticas. Tal como está redactado, prevé incrementos superiores al 100.000% por incumplimientos formales, como la presentación tardía de declaraciones juradas. En la práctica, una multa que hoy es de $200 para personas humanas pasaría a $220.000, y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. Especialistas y legisladores aliados advirtieron que el impacto puede ser desproporcionado para pymes y contribuyentes pequeños que se atrasen incluso un solo día.

El oficialismo ya anticipó que buscará corregir ese punto para destrabar la sanción definitiva de la ley, aunque el debate expone una tensión de fondo: cómo incentivar la formalización sin reproducir la lógica punitiva que, durante años, empujó a millones de argentinos a desconfiar del sistema.

Con casi USD 254.000 millones fuera de los bancos, el desafío del Gobierno no es sólo técnico ni legal. Es, ante todo, político y cultural. Lograr que esos dólares vuelvan a circular implica reconstruir una confianza que no se decreta por ley y que, en la Argentina, se erosionó durante décadas.