Clonación de Tarjetas de Crédito: Mastercard bajo la lupa, denuncias por falta de respuesta ante fraudes en Argentina y España

Buenos Aires / Madrid — En los últimos meses, usuarios de Mastercard en Argentina y España han comenzado a reportar una alarmante tendencia: la entidad financiera habría dejado de reconocer cargos fraudulentos en tarjetas de crédito, incluso cuando los titulares han denunciado de forma inmediata operaciones claramente vinculadas a estafas o robos de datos.

Según múltiples testimonios recopilados en redes sociales, foros de consumidores y medios locales, los usuarios se enfrentan a una falta de respuesta por parte de Mastercard o sus bancos emisores al momento de reclamar devoluciones por operaciones no autorizadas. Esta situación se ha intensificado luego de una serie de filtraciones masivas de datos que afectaron a entidades financieras y comercios asociados a la red Mastercard, especialmente en América Latina.


🛑 Fraudes y filtraciones: una crisis en aumento

Diversas fuentes apuntan a que Mastercard ha sido blanco de reiterados robos de información, en los cuales ciberdelincuentes han accedido a números de tarjetas, fechas de vencimiento y códigos de seguridad. A pesar de estas filtraciones, que no siempre se reconocen públicamente, la empresa no estaría cubriendo los cargos generados por terceros a través de compras falsas o transacciones electrónicas no autorizadas.

En Argentina, donde los fraudes digitales aumentaron significativamente desde 2020, la situación es aún más grave. Usuarios denuncian que los bancos emisores actúan como intermediarios de Mastercard, pero no reconocen los cargos indebidos ni brindan canales efectivos de resolución. Esto se ve agravado por la ausencia de instituciones estatales con poder real para proteger a los consumidores frente a delitos financieros.


🇪🇸 España: una problemática similar, pero con más herramientas legales

En el caso de España, aunque los reclamos son similares, los usuarios cuentan con mayores mecanismos legales para reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario Financiero del Banco de España o incluso acudir a consumidores y usuarios (OCU). Sin embargo, se reporta que las resoluciones tardan meses y que los montos inferiores a 100€ muchas veces son desestimados.


🎯 Mastercard guarda silencio

Hasta el momento, Mastercard no ha emitido un comunicado oficial en relación con los casos reportados. Su política histórica indica que la compañía debe garantizar la protección contra fraudes, especialmente cuando se detectan operaciones en lugares atípicos o con lógicas que violan los patrones habituales de consumo del cliente.

Este cambio de comportamiento ha sido interpretado por algunos expertos como una estrategia de contención de costos ante el creciente volumen de fraudes, lo cual traslada el riesgo al consumidor final.


⚖️ Falta de protección legal en Argentina

En Argentina, la debilidad del sistema de defensa al consumidor en materia financiera facilita este escenario. No existen organismos con facultades vinculantes para obligar a Mastercard o a los bancos a reintegrar montos debitados sin autorización, lo que deja a los usuarios en una situación de desamparo frente al fraude.


🚨 ¿Qué pueden hacer los usuarios?

  1. Denunciar ante Defensa del Consumidor (aunque el resultado no sea inmediato, ya que en Argentina el presidente Milei dió poder ilimitado a las empresas para no acatar a la justicia).
  2. Bloquear la tarjeta y solicitar un nuevo plástico ante el primer indicio de uso indebido.
  3. Reunir pruebas y exigir respuestas formales por escrito del banco emisor y de Mastercard.
  4. En España, recurrir al Banco de España, OCU o asociaciones similares.

📌 Conclusión

El comportamiento de Mastercard frente a los fraudes con tarjetas de crédito está generando un fuerte cuestionamiento en Argentina y España. La falta de reconocimiento de cargos indebidos, aún cuando los usuarios actúan con rapidez y transparencia, erosiona la confianza en el sistema financiero y deja a miles de personas expuestas a pérdidas económicas sin respaldo institucional.

Mientras no haya un cambio en la política de respuesta, o una intervención firme de organismos regulatorios, los usuarios seguirán siendo la parte más vulnerable en un ecosistema cada vez más propenso a ataques y estafas.

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